El periodista de investigación Gonzalo Guillén ha puesto al descubierto un escandaloso conflicto de intereses que involucra a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, encargados de elegir al próximo Fiscal General del país.
Uno de los hallazgos más impactantes es el caso del magistrado Fernando Augusto Jiménez de la Sala Civil de la Corte Suprema, quien se vio forzado por una acción de tutela a admitir que tiene a un familiar empleado en la Fiscalía General de la Nación. Aunque se negó a revelar la identidad de este pariente y su cargo público, argumentando que es parte de su «intimidad», aún así no se ha declarado impedido para participar en la elección del próximo jefe de su familiar o para influir en la permanencia de la actual titular de ese familiar, Martha Mancera, mediante el controvertido mecanismo de votar en blanco.
Estas revelaciones ponen en entredicho la integridad de aproximadamente el 30% de los «honorables» magistrados de la Corte Suprema, quienes según admiten, tienen parientes trabajando en la Fiscalía. Ninguno de ellos ha mostrado la decencia de declararse impedido, lo que sugiere una clara falta de ética y transparencia en el proceso de elección.
Guillén también denuncia que la Corte Suprema ha reformado la Constitución Nacional y la ley mediante un reglamento cuestionable, convirtiendo en secreto el detalle de las votaciones para elegir al Fiscal General. Este cambio impide el acceso público y transparente a las actas de las últimas dos votaciones, donde se revelaría quiénes votaron en blanco para favorecer la permanencia de amigos, parientes y asociados en la Fiscalía, bajo la dirección de Martha Mancera.
Estas prácticas opacas y cuestionables ponen de manifiesto la corrupción en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General, instituciones clave para la administración de justicia en Colombia. La sociedad colombiana exige una investigación exhaustiva y medidas inmediatas para garantizar la transparencia y la integridad en la elección de su próximo Fiscal General, así como en el funcionamiento de ambas entidades, cruciales para el Estado de Derecho y el combate contra la corrupción.
Además, según las investigaciones de Gonzalo Guillén, un equipo federal de investigación criminal en Houston, Texas, ha sido asignado específicamente para llevar adelante el caso por narcotráfico y otros delitos federales atribuidos a la Fiscal General Martha Mancera y otros miembros de la Fiscalía General de Colombia. Este hecho es aún más sorprendente dado el aparente respaldo que Mancera ha recibido por parte de la Corte Suprema de Justicia, un organismo que, paradójicamente, pronto deberá tramitar y conceder la extradición de esta funcionaria y otros implicados.
Se revela que Mancera está considerando la posibilidad de huir a Canadá, siguiendo los pasos del magistrado Bustos. Sin embargo, esta movida no la eximirá de la justicia estadounidense, ya que las autoridades de ese país están tras sus pasos.
El expediente en contra de Mancera y sus cómplices cuenta con más de 500 gigabytes de audios, videos y otras evidencias incriminatorias, lo que pone de manifiesto la gravedad de los delitos que se les imputan y la complejidad de la investigación en curso.
Estas revelaciones arrojan luz sobre la magnitud de la corrupción y el crimen organizado que han infiltrado las instituciones judiciales y fiscales en Colombia. La ciudadanía espera una pronta acción por parte de las autoridades competentes para asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y se restaure la confianza en el sistema judicial del país.
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