Los recientes hallazgos de El Espectador sobre la gestión del Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, generaron un torbellino de dudas y preocupaciones entre la ciudadanía. Se reveló una compleja red de contrataciones que involucra a su exsocio, José Wilson Peña, quien, a través de su empresa Ingeniería de Proyectos Stanford SAS, ha recibido múltiples beneficios en proyectos de regalías, especialmente aquellos gestionados por el enigmático Fondo Mixto para la Promoción de las Energías Renovables (FONER). Las cifras no son menores: se habla de contratos que suman más de 48 mil millones de pesos en apenas dos años, con una opacidad que deja muchas preguntas sin respuesta.
Según las revelaciones del periodista David Riaño de El Espectador, son más de 15 mil millones de pesos los contratados por el Gobernador de Nariño con su exsocio, Peña. Estos hechos ponen a Escobar en el ojo del huracán, especialmente porque su administración está alineada con el Pacto Histórico, el mismo movimiento que llevó al presidente Gustavo Petro al poder con un discurso de cambio, transparencia y lucha contra la corrupción. El gobernador Escobar niega cualquier conflicto de interés, afirmando que su vínculo con Peña es cosa del pasado y que él no ha influido en la adjudicación de contratos. Sin embargo, el peso de las evidencias parece contradecir sus palabras.
Un pasado que sigue cobrando cuentas
La relación entre Escobar y Peña no es nueva. Ambos compartieron intereses desde el 2021, cuando Escobar lideraba la Corporación para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental (Cordesa), y Stanford se beneficiaba de contratos millonarios para el fortalecimiento de maquinaria en la región. Y aunque el Gobernador insiste en que rompió todo lazo con su exsocio al asumir su cargo, la creación del FONER, donde Stanford tiene un papel preponderante, pone en duda esa afirmación. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de contratismo amiguista, donde se priorizan intereses personales por encima del bienestar común?
Pero la controversia no acaba ahí. Recordemos que, en junio pasado, Escobar también fue señalado por haber contratado como asesor a Pedro Rodríguez y a dos de sus familiares en la Gobernación. Rodríguez está vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un caso que involucra al entonces director Olmedo López. ¿Es esta otra muestra del mal uso del poder que parece repetirse como un patrón en su administración?
Silencio sospechoso y el llamado a la transparencia
Mientras el Gobernador intenta explicar lo inexplicable, José Wilson Peña ha optado por el silencio absoluto. En situaciones normales, este silencio podría interpretarse como prudencia, pero en un contexto donde ya pesan sobre él investigaciones de la Contraloría de Nariño por presuntas irregularidades en contratos, ese silencio solo refuerza la sospecha de que hay mucho más que temer que confesar.
Escobar tiene ante sí una oportunidad crucial para demostrar su compromiso con la transparencia y los principios que supuestamente guían al Pacto Histórico. Pero esto no se logra con respuestas evasivas ni con comunicados insípidos. La ciudadanía nariñense merece claridad y respuestas contundentes sobre los nexos y beneficios que han fluido hacia personas cercanas a su círculo, especialmente en un departamento que clama por inversión social y desarrollo sostenible.
¿Qué sigue para Nariño?
Nariño no puede permitirse que su gobierno sea otro caso más en el libro negro de la corrupción colombiana. El Fondo Mixto para la Promoción de las Energías Renovables (FONER), que se suponía sería una herramienta para el desarrollo, ahora parece ser un canal de enriquecimiento para unos pocos, mientras los ciudadanos de a pie siguen enfrentando las carencias de siempre.
El Gobernador Escobar debe salir al frente, no solo con declaraciones superficiales, sino con pruebas concretas que despejen toda duda sobre su gestión. De lo contrario, no solo pondrá en riesgo su legado, sino que también hará tambalear la confianza depositada en los ideales de cambio promovidos por el gobierno nacional.
Un llamado a las autoridades y al control ciudadano
Este es el momento para que los entes de control, tanto regionales como nacionales, actúen con celeridad. La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría tienen la responsabilidad de esclarecer estos hechos y, de ser necesario, llevar a los responsables ante la justicia. Pero no podemos dejar toda la carga a las instituciones. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones sociales debemos mantenernos vigilantes y exigir explicaciones claras y precisas.
Gobernador Escobar, es hora de que responda. Su silencio o sus respuestas a medias no son suficientes en un momento en que Nariño necesita certezas, no sombras de duda. La ciudadanía espera que esta administración no termine siendo otra decepción más en la larga lista de promesas incumplidas.
