El próximo 20 de mayo, la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) vivirá un momento clave en su historia con la elección de su nuevo director, un proceso que llega tras 18 meses de intensa lucha jurídica para tener la posibilidad de que llegue la renovación en la máxima autoridad ambiental del departamento.
Ahora la pregunta es ¿seguirá reinando el mismo clan que desde décadas viene manejando políticamente la Corporación o llegará el tiempo del cambio?
Frente a la presión de políticos tradicionales y rumores de arreglos, entre estos las búsquedas del clan Enríquez con uno de los senadores del Pacto Histórico. Hicimos la búsqueda del implicado, pero no logramos respuesta. ¿El silencio otorga?
Según el reciente resultado de la elección del director encargado se podría inferir que el apoyo mayoritario se ha volcado hacia el gobernador Luis Alfonso Escobar y por ende por un cambio de rumbo en la dirección de la entidad y hacerle frente a las denuncias de corrupción y posibles movimientos de sobrecontratación.
Una de las situaciones que se entrevén, es una atípica en la contratación del personal. Cuando se realizaban contratos de tres meses máximo llegaban a 6 meses, para el presente año se presentaron entre 300 contratos anuales de personal que comprometen recursos por casi 8.000 millones de pesos.
La elección del nuevo director de Corponariño, prevista para el 20 de mayo, a partir de las 8 de la mañana en la entidad, representa un hito histórico para el sector ambiental en Nariño. Este proceso, que ha sido fruto de una lucha jurídica, busca romper con prácticas de corrupción y politiquería que, según denuncias y un informe fiscal, han comprometido la integridad de la corporación y el manejo eficiente de sus recursos.
Actualmente, la dirección está en manos de Jaime Ceballos Quenguan, un profesional especializado que funge como encargado mientras se define la nueva administración. Sin embargo, el reto mayor será para quien asuma el cargo de director, pues deberá afrontar situaciones complejas detectadas en la gestión anterior.
El informe del revisor fiscal presentado ante el Consejo Directivo puso en evidencia estas irregularidades, denunciando que durante la gestión del exdirector Andrés Díaz Rodríguez, quien salió del cargo tras la decisión judicial del Consejo de Estado (ver publicación al respecto), no se tomaron medidas contundentes para corregir según las alertas que se presentaron. El papel de los mismos miembros del Consejo Directivo al aprobar un informe al ex director, pese a los hallazgos de la revisoría fisca será, posiblemente, un acto debe investigarse por parte de los organismos de control.
La salida de Díaz Rodríguez dejó una enseñanza clara: la importancia de garantizar procesos legales y transparentes en la elección de directivos, especialmente en entidades que administran recursos públicos y tienen un impacto directo, en este caso, en la protección ambiental. Díaz Rodríguez, a pesar de la decisión del Consejo de Estado habría interpuesto una tutela manifestando su desacuerdo con la decisión, que lo más seguro es que sea desestimada.
¿Esta próxima elección el Consejo Directivo la hará a puerta cerrada o de cara al pueblo nariñense?
Con todo lo previsto y realizado por quienes tienen en riesgo de perder el poder en Corponariño, todo puede suceder (las famosas jugaditas), por ello el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, debe ser cauteloso y prudente, manejando según lo formal de los protocolos y reglamentos de la Corporación los procesos establecidos para que no haya ningún problema en la elección del nuevo director, con transparencia y por méritos.
El proceso electoral que se aproxima está marcado por la presencia de dos fuertes candidatos. Ricardo Mora, magíster con estudios internacionales en temas ambientales, es visto como el representante del cambio y la renovación dentro de la corporación. En contraste, Mauricio Bastidas, con una trayectoria ligada al continuismo político, genera inquietudes entre quienes demandan un liderazgo fresco y renovador.
La elección no se produce en un escenario aislado de intereses políticos. Se ha rumorado un posible arreglo entre Alberto Benavides y Teresa Enríquez para influir en la designación, lo que ha generado preocupación entre sectores que exigen una gestión alejada de la politiquería y el continuismo. Benavides deberá aclarar esta situación.
El Consejo Directivo tiene la responsabilidad crucial de garantizar que la elección recaiga en un candidato idóneo, capaz de representar una verdadera renovación y manejar con eficiencia y ética la corporación. Este consejo directivo está conformado por representantes de diferentes entidades y sectores, entre ellos:
- Paola Andrea Ortega Yela, representante del Presidente de la República
- Jesús Antonio Castro González, delegado del Ministerio de Ambiente
- Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño
- Edwin Alirio Cerón Hernández, alcalde de Córdoba
- Dolores Portilla Acosta, alcaldesa de Ancuya
- Cristian Jhonathan Apraez Marroquín, alcalde de Los Andes Sotomayor
- Jair Zambrano Bravo, alcalde de Belén
- Luis Mijair Calderón y Mauricio Ortiz Botina, representantes del sector privado
- José Fernando Zambrano J. y Jesús Orlando Jojoa, representantes de entidades sin ánimo de lucro
- Segundo Laureano Chuquizan, representante de pueblos indígenas (de cuestionada representación por los mismo pueblos indígenas)
- Loyola Burbano Cuero, representante de comunidades afrocolombianas
Sin embargo, algunos integrantes del Consejo han sido cuestionados por su permanencia, porque han hecho malabares por mantenerse en el, y por ende de cuestionada representatividad, lo que añade un matiz de incertidumbre sobre la transparencia del proceso.
La pregunta que está en el aire es clara: ¿se optará por una gestión renovadora que ponga fin a los vicios de corrupción y politiquería, o se perpetuará un modelo tradicional que mantiene el statu quo? La respuesta depende no solo de los actores políticos sino también del escrutinio activo y exigente de la opinión pública y la sociedad civil.
La elección del nuevo director de Corponariño es más que un cambio administrativo; es una oportunidad para transformar la gestión ambiental en Nariño, un departamento que enfrenta retos significativos en la protección de sus recursos naturales. Este proceso definirá si la autoridad ambiental abraza la transparencia y la eficiencia o si continúa bajo la sombra de la corrupción y la politiquería. La expectativa está puesta en que el 20 de mayo se dé un paso firme hacia la renovación y el fortalecimiento institucional que la región necesita.
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