El Gobierno nacional adjudicó la consultoría para los estudios y diseños de la vía Pasto–El Estanquillo, una obra estratégica para el suroccidente colombiano. Sin embargo, gremios y actores políticos de la región han manifestado serias dudas sobre el cronograma, la financiación y el alcance técnico real del proyecto. La expectativa de desarrollo choca con una historia de aplazamientos e incertidumbre.
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Línea de Tiempo: Vía Pasto–El Estanquillo
El 22 de mayo de 2025, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció la adjudicación de la consultoría para los estudios y diseños de la vía Pasto–El Estanquillo a la firma Lemoine Rivera Ingenieros Asociados S.A.S., con un contrato de $3.355 millones de pesos. Este paso fue presentado como un hito dentro del compromiso gubernamental por modernizar la infraestructura vial en el sur del país.
El plan oficial contempla la finalización de los estudios a finales de 2025 y el inicio de las obras en el primer semestre de 2026. La alta participación en las licitaciones –con 30 ofertas para consultoría y 41 para interventoría– fue interpretada por el gobierno como un indicio de confianza del sector privado.
No obstante, los cuestionamientos no tardaron en aparecer. Gremios económicos y representantes políticos locales, como el congresista Juan Daniel Peñuela, han manifestado reservas profundas sobre el verdadero alcance y la viabilidad de este proyecto. Las críticas se concentran en tres ejes: los plazos, los recursos y el tipo de obra que realmente se ejecutará.
En cuanto al cronograma, el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reconoció posibles retrasos en la apertura del proceso de selección de la obra, prevista inicialmente para el 26 de mayo. Sería el cuarto aplazamiento, lo que enciende las alarmas en una región que lleva años esperando soluciones concretas.
Respecto a la financiación, el anuncio del gobierno habla de una inversión inicial de $2,2 billones, contemplada en un documento Conpes. Sin embargo, estos recursos no han sido ejecutados ni garantizados, solo anunciados. Faltan trámites esenciales como la aprobación de las vigencias futuras y el visto bueno del Confis. Además, el proyecto necesitaría una ampliación del cupo APP para concretar su modelo de financiación a largo plazo.
El tercer punto de tensión es el alcance técnico. Aunque en un principio se prometió una doble calzada completa entre Pasto y El Estanquillo, informaciones posteriores indican que la intervención podría limitarse a la rehabilitación de la vía actual y la atención de puntos críticos. El congresista Peñuela asegura que “se cambió el alcance técnico” y que el proyecto se ha reducido de los $6,5 billones inicialmente prometidos a los $2,2 billones efectivos que ni siquiera están garantizados.
La vía Pasto–El Estanquillo hace parte de una obra mayor: la conexión Pasto–Popayán, estimada en $19 a $20 billones bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP). La adjudicación de los estudios, aunque es un avance formal, no disipa las dudas sobre cuándo comenzará realmente la construcción ni cuál será su verdadero impacto estructural.
La adjudicación de la consultoría marca un punto de partida, pero la obra real sigue en vilo. La expectativa ciudadana choca con la realidad presupuestal, los tiempos burocráticos y los ajustes técnicos. Mientras el Gobierno afirma que avanza con hechos, la región de Nariño exige certezas. El verdadero termómetro de este megaproyecto no estará en los anuncios, sino en la publicación de los pliegos definitivos, la garantía de los recursos y el inicio efectivo de las obras.
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