La cadena de supermercados D1, reconocida por sus precios bajos y vasta presencia en Colombia, se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio del Trabajo por presunta «explotación laboral», una situación que reaviva el debate sobre la necesidad de una profunda reforma laboral en el país.
Este caso, destapado por un reportaje periodístico, pone en evidencia prácticas laborales que los trabajadores denuncian como ilegales e inmorales, en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno y el Congreso colombiano por la propuesta de reforma y la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La investigación sobre D1 fue ordenada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de que un reportaje de Señal Colombia y otras denuncias periodísticas revelaran testimonios de empleados que afirmaban trabajar hasta 12 horas diarias sin recibir pago por horas extras1. Sanguino calificó la situación de «suma gravedad«, especialmente considerando que D1 cerró 2024 con utilidades de 373.000 millones de pesos (unos 90 millones de dólares).
Escucha el podcast sobre el tema:
Los testimonios de los trabajadores de D1 pintan un panorama de carga laboral excesiva y condiciones precarias:
• Un asistente de tienda con cinco años de experiencia relató que con frecuencia una sola persona realiza el trabajo de cinco, asumiendo hasta 27 funciones que van desde ventas y descarga de mercancía hasta organización de bodega, caja, limpieza y desinfección.
• Una supervisora con seis años en la empresa, con un sueldo de 2 millones de pesos, denunció tener un «contrato de uso y confianza» (que ellos llaman «abuso y confianza»), obligándola a trabajar 10, 11 o 12 horas diarias sin recibir pago por horas extras, e incluso cargando objetos pesados a pesar de ser mujer.
• Se mencionan contratos «part-time» o por horas, donde se paga 7.200 pesos por hora sin exceder las 36 horas semanales, pero la empresa llama a los trabajadores cuando los necesita.
• Existe una falta de respeto a la «desconexión laboral«, con llamadas o mensajes por WhatsApp personal después de terminar el turno para ir a trabajar a otra tienda, y presiones laborales si se niegan a acatar estas órdenes.
Un hecho trágico que salió a la luz es el caso de un cajero de D1 asesinado en un atraco en una de las tiendas, quien forcejeó para evitar el robo y perdió la vida. Según el sindicato, la empresa ha argumentado que «el negocio no está dando lo suficiente» para garantizar la seguridad de los trabajadores por encima de todo.
La empresa D1, nacida en Medellín en 2009, es actualmente propiedad de Koba International Group, de Panamá, cuyo principal accionista es el grupo Valorem, controlado por la familia Santo Domingo, una de las más ricas de Colombia.
El sindicato de D1, liderado por Jairo Ángel Ciro, interpuso alrededor de 700 querellas ante el Ministerio del Trabajo, pero solo han recibido respuesta de unas cinco o seis, las cuales a menudo se archivan tras una investigación preliminar. El director jurídico de D1, Luis Felipe Rincón Sterling, envió una comunicación al presidente del sindicato, acusándolo de difamación y de arriesgar información confidencial, con posibles «consecuencias legales de índole penal». Esta acción ha sido interpretada como una interferencia con la actividad sindical, lo cual podría constituir un delito castigado por la ley colombiana.
Este caso de presunta explotación laboral en D1 se enmarca en un contexto de fuertes tensiones políticas en Colombia respecto a la reforma laboral y la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta reforma busca:
• Aumentar el pago por el trabajo en festivos y dominicales.
• Ampliar el horario considerado como nocturno.
• Permitir licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes, entre otras medidas.
El camino de esta reforma en el Congreso ha sido accidentado. Una comisión del Senado la rechazó en marzo, y un intento de Petro de revivirla mediante una consulta popular también fue negado. Sin embargo, el proyecto fue «resucitado» en otra comisión del Senado y debe ser avalado por el pleno antes del 20 de junio, fecha en que termina el periodo legislativo.
Los argumentos a favor de la consulta popular se basan en la necesidad de proteger al trabajador, quien es la parte más débil en la relación laboral, y de procurar la justicia laboral y la redistribución de la riqueza que él mismo ha creado. La búsqueda del propio interés del capitalista, como lo señalaba Adam Smith, a menudo lleva a la explotación intensa de la fuerza de trabajo, en ocasiones violando leyes e instituciones laborales.
Grupos económicos poderosos, como el de la familia Santo Domingo (propietarios de D1 y de un vasto emporio que incluye medios de comunicación como El Espectador, Blu Radio y Caracol Televisión), tienen intereses en mantener el statu quo. Se ha sugerido que estos medios a menudo «silencian noticias», «promueven puntos de vista favorables» o «desequilibran la información» para evitar cambios que puedan afectar sus intereses. Además, el Congreso y, a veces, las altas cortes, actúan en un sentido similar, influenciados por estos mismos actores poderosos.
El caso de D1 no es un incidente aislado. Las denuncias de jornadas laborales extenuantes sin compensación de horas extras, la falta de seguridad para los empleados, la carga de múltiples funciones en una sola persona, la ausencia de desconexión laboral, y la aparente ineficacia de las quejas sindicales ante el Ministerio del Trabajo, subrayan la imperiosa necesidad de la consulta popular. Los trabajadores de D1, y muchos otros en el país, esperan que la consulta popular logre darles los beneficios justos que fueron arrebatados en 2002 y que sus disposiciones trasciendan y no se queden en el papel.
El temor de los grandes empresarios a esta reforma reside precisamente en que busca limitar la «explotación» de los factores de producción, en particular el trabajo humano, y aumentar los costos laborales que impactarían directamente sus vastas utilidades. La realización de la consulta popular es vista por muchos como un paso fundamental para garantizar la justicia social y el respeto por los derechos laborales en Colombia, asegurando que las ganancias empresariales no se construyan sobre la vulneración de la dignidad de sus trabajadores. La sociedad colombiana, y en particular los trabajadores, estarán a la expectativa de si el Congreso logra darles justicia o si todo seguirá igual.
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