Un nuevo capítulo de alta tensión se vive en el Congreso de la República, luego de que la senadora María José Pizarro confirmara que la justicia le dio la razón tras haber interpuesto una acción de tutela contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por lo que calificó como una actuación «arbitraria e irregular» durante la votación de la Consulta Popular impulsada desde el Gobierno Nacional.
La sentencia obliga a Cepeda a resolver en un plazo máximo de 48 horas la apelación interpuesta por Pizarro, quien denunció que el trámite fue «un golpe al pueblo colombiano».
El fallo abre la puerta para reabrir el debate sobre la Consulta Popular en el Legislativo, e incluso a que el presidente Gustavo Petro pueda convocarla directamente, dado que se vencieron los plazos estipulados por ley para que el Congreso se pronunciara.
“El trámite fue irregular y arbitrario, vulneraron mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano, que es el soberano”, aseguró Pizarro en una declaración urgente. El fallo también señala que el presidente del Congreso violó la Constitución, al no permitir que la apelación se resolviera dentro de los tiempos establecidos, superando el plazo de 30 días.
En este contexto, la senadora apuntó con fuerza al liderazgo conservador en el Congreso y lo calificó de “golpista”, afirmando que la maniobra de Cepeda para archivar la iniciativa sin agotar los procedimientos, constituye una traición al espíritu democrático del país.
El Gobierno, que ha impulsado la Consulta Popular como una herramienta para legitimar decisiones políticas claves —especialmente en el contexto de las reformas—, recibe un espaldarazo judicial en un momento crucial. Esta decisión puede marcar un punto de inflexión en las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en los últimos meses han escalado a niveles inéditos.
Este fallo no solo representa una victoria jurídica para María José Pizarro, sino que reaviva el pulso entre el Congreso y la Casa de Nariño. En las próximas 48 horas, la respuesta de Efraín Cepeda y el rumbo del Congreso frente a esta orden judicial, definirán si el presidente Petro podrá avanzar hacia la convocatoria de la Consulta Popular, o si se agudiza la crisis institucional que amenaza con polarizar aún más al país.
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