La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una entidad vital para la protección del consumidor y la garantía de la libre competencia en Colombia, se encuentra hoy en el centro de un acalorado debate. Las voces se alzan en torno a un drástico incremento en sus visitas administrativas y la sospecha de motivaciones políticas detrás de algunas de estas acciones, confrontando directamente la defensa de su actual cabeza, Cielo Rusinque.
La Silla Vacía, en una reciente investigación, puso de manifiesto un aumento del 250% en las visitas del departamento de competencia de la SIC entre 2023 y 2024, pasando de 58 a 197 visitas. Por su parte, Cielo Rusinque, en defensa de su gestión, ha precisado que las 197 visitas administrativas realizadas en 2024 representan un aumento del 378% en comparación con los años 2021 a 2023. Independientemente de la base de cálculo, la magnitud del incremento es innegable y ha puesto en alerta a diversos sectores.
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Pero más allá de las cifras, lo que realmente genera suspicacia es el patrón de investigaciones que, según la investigación periodística, coinciden con “encontrones públicos entre el gobierno y las empresas visitadas”. Casos como el de Thomas Greg & Sons, visitada apenas 15 días después de críticas presidenciales y con “credenciales genéricas”; o la visita a Canal 1, poco después de un discurso del presidente buscando alinear medios comunitarios, e incluso con información supuestamente difundida sobre una integración que la SIC no había «visto bueno», levantan serias preguntas sobre la independencia de la entidad. El caso de Naturgas es quizás el más flagrante, con una visita realizada al día siguiente de trinos presidenciales, la incautación de celulares de directivos y la solicitud de copias de conversaciones con congresistas.
A esto se suman graves “vicios de trámite” denunciados por abogados expertos. Se critica que la SIC esté emitiendo credenciales “genéricas” que no especifican los hechos concretos que se investigan, contraviniendo la sentencia C-165 de 2019 de la Corte Constitucional. Esto, en palabras del abogado Jorge Jaeckel, convierte las visitas en “expediciones de pesca” que atentan contra el derecho al debido proceso y a la no autoincriminación, una situación de “pierde, por un lado, o pierde por el otro” para las empresas. La práctica de llevarse medios magnéticos, incluyendo celulares, y la falta de registro público sobre los “vectores de búsqueda” utilizados para analizar la información, también han generado profunda preocupación sobre la privacidad y el uso de datos sensibles. Incluso la misma SIC ha aumentado las multas por obstrucción, lo que agrava la situación para quienes se resisten a entregar información bajo estas condiciones.
Cielo Rusinque, por su parte, ha descalificado las acusaciones de La Silla Vacía como “amarillismo y falta de rigurosidad”, acusando el artículo de crear un “falso escenario de alarma basado en afirmaciones descontextualizadas y un uso deshonesto de la información”. Insiste en que las cifras demuestran una gestión que “se ejerce hoy sin parcialidades y pensando en el interés general”, destacando el incremento de casos sancionados y multas impuestas en libre competencia. Además, niega que la difusión de las visitas provenga de la entidad y sugiere que hay un “interés parcial” en el análisis fragmentario de la información.
Para Rusinque, el asombro por el funcionamiento de la institución es sorprendente, y la acción no se cuestiona por su legalidad, sino por la acción en sí misma, negando un vínculo causal entre un trino presidencial y una indagación administrativa.
La superintendente también reconoce que la forma de las visitas administrativas “cambió radicalmente”, pero lo ve con satisfacción, atribuyéndolo al fortalecimiento de equipos y actualización de instructivos. Su mensaje es claro: “no existan ‘intocables’ a la hora de cumplir nuestra función”, sugiriendo que las críticas son parte de “campañas de desinformación” de sectores investigados que buscan intimidarlos.
El problema de fondo radica en que, como señalan diversas fuentes, la SIC es “juez y parte”. Si bien ha sido una entidad clave para desmantelar carteles y proteger a los consumidores, sus amplias facultades de inspección, sin un control judicial previo en muchos casos, la convierten en una “policía política del gobierno de turno frente al sector privado”.
La preocupación del gobierno de Estados Unidos, que ha señalado investigaciones “prolongadas y opacas” y decisiones que “parecen dirigirse a empresas específicas”, subraya la seriedad de la situación.
En definitiva, estamos ante un punto de inflexión. Si bien es loable la eficiencia y la determinación de una entidad para ejercer su rol de protección, la línea entre la contundencia y el abuso de poder es delgada. La SIC debe garantizar que su fortaleza no socave los pilares del debido proceso y la transparencia. La ciudadanía, el sector empresarial y los medios de comunicación deben seguir vigilantes para asegurar que esta poderosa herramienta no se convierta en un instrumento de presión política, sino que siga siendo el garante imparcial de la libre competencia y los derechos de los consumidores en Colombia.
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