El reciente desenlace en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Municipio del Tambo, Nariño, es una radiografía cruda de las complejas tensiones de poder y las deficiencias administrativas que, a menudo, socavan la misión fundamental de la educación. Lo que parecía un conflicto de acoso laboral entre la rectora, Hna. Lucy Cabrera Córdoba, y el coordinador, Gerardo Salas Moncayo, terminó en un acuerdo salomónico donde, irónicamente, ambas figuras centrales fueron retiradas de la institución. Un «todos pierden» que, más que una solución, parece un barrer bajo la alfombra.
El Consejo Directivo de la institución, legítimamente investido para garantizar los derechos de la comunidad educativa y tomar decisiones que afecten el funcionamiento del plantel, radicó una acción de tutela exigiendo el cumplimiento de un acuerdo crucial. Este acuerdo, según la petición, implicaba que la Secretaría de Educación Departamental y la Congregación de Hermanas Bethlemitas ofrecerían al coordinador Salas Moncayo alternativas laborales, bajo la condición «innegociable» impuesta por la comunidad religiosa: si el coordinador no era retirado, las hermanas Bethlemitas saldrían del plantel. Es decir, la congregación estaba dispuesta a abandonar la institución si su condición no se cumplía. La noticia posterior, sin embargo, confirma que tanto las hermanas Bethlemitas salen de la institución y el coordinador sería trasladado, sellando un capítulo de conflicto con una amarga solución que deja a la institución sin estos líderes.
Escucha nuestro podcast al respecto:
Las tensiones de poder son palpables. Por un lado, la Hna. Lucy Cabrera, cuya trayectoria y dedicación son elogiadas, y de quien se destaca su valentía en la defensa de niños, de adolescentes y su compromiso con la educación integral, habiendo servido en varios países incluyendo Europa. Por otro lado, la afirmación de que el coordinador Moncayo Salas habría manifestado de muchas maneras no estar de acuerdo con que una religiosa, sea quien dirija la Institución, revela una fricción más profunda: la coexistencia de la tradición religiosa que dirige una institución con las visiones que, para algunos, pueden resultar retrógradas, o para otros, una formación integral esencial. El propio coordinador, según se alega, divulgó de manera «arrogante y temeraria» su salida, generando división entre el personal docente. Este panorama subraya cómo las disputas personales pueden escalar a conflictos institucionales, fragmentando la sana convivencia.
La respuesta inicial de la Gobernación de Nariño – Secretaría de Educación Departamental, calificada por el juzgado como «difusa», «incongruente» y «evasiva», es un claro ejemplo de la ineficacia administrativa ante crisis complejas. La Secretaría se limitó a indicar que las medidas serían tomadas por «oficinas competentes» sin especificar cuáles, ni el estado de la investigación disciplinaria o del supuesto acuerdo de traslado. Esto obligó al Consejo Directivo a recurrir a la acción de tutela para exigir una respuesta de fondo. La orden judicial posterior de que la Secretaría brinde una respuesta «clara, concreta y de fondo» es una victoria para el derecho de petición, pero también una crítica contundente a la opacidad y la falta de responsabilidad en la gestión pública de la educación. Sin embargo, la respuesta a la acción de tutela nunca llegó.
La apertura de una indagación previa por presunto acoso laboral por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario es un paso necesario, pero su carácter reservado durante la etapa procesal inicial no contribuye a la transparencia que la comunidad educativa demanda.
Este caso trasciende la simple disputa entre dos individuos. Es un espejo de los desafíos sistémicos en la educación colombiana: la gestión de conflictos internos que afectan la sana convivencia, la lenta y a veces evasiva respuesta de las autoridades administrativas, y la necesidad urgente de que el foco se mantenga en la calidad educativa.
El traslado de personal no es una solución si los problemas subyacentes de convivencia, autoridad y apoyo institucional no se abordan con transparencia y resultados concretos.
La salida de la comunidad Bethlemitas impacta no solo el ámbito educativo, sino también las obras sociales y la pastoral del Templo de Jesús Nazareno, siendo un golpe a la identidad de muchos tambeños. Asimismo, la salida del coordinador Salas Moncayo implica una pérdida significativa en términos académicos y formativos.
Se requiere un seguimiento real a la calidad educativa, más allá de la reubicación de fichas en el tablero, y que esos resultados sean presentados a la comunidad. Solo así se podrá honrar la educación generacional y centenaria que instituciones como el Sagrado Corazón de Jesús han brindado, y garantizar que el bienestar de estudiantes y docentes sea la verdadera prioridad, no un daño colateral.
La actitud del alcalde, Héctor Fajardo, que afirmó no estar a favor de ninguna parte sino de los estudiantes, y la evasiva respuesta de la Secretaría de Educación Departamental, generaron un vacío de liderazgo y una solución incompleta que beneficia a nadie. El resultado final es un escenario donde todos pierden.
El Sagrado Corazón ahora enfrenta el reto de asumir un nuevo rector que logre no solo restaurar el orden, sino elevar los niveles de calidad educativa. La clave radica en la capacidad del nuevo líder para superar las divisiones internas y llevar a la institución a un camino de mejora continua, basado en resultados concretos y una gestión transparente. El nuevo rector debe transformar la institución en un espacio donde los docentes puedan proyectar el colegio hacia la comunidad, trabajando en pro de una educación de calidad que trascienda las cuatro paredes del aula. El colegio debe apostar por un modelo que promueva el cambio, la inclusión y el desarrollo integral de los estudiantes.
El reto está lejos de ser solo una cuestión administrativa. El desafío más grande radica en generar una proyección social que se traduzca en resultados concretos: que el colegio siga siendo un referente cultural, deportivo y académico. El colegio debe ser un lugar donde se sigan impulsando las expresiones artísticas y deportivas, y donde los estudiantes encuentren un espacio para desarrollarse no solo como académicos, sino también como ciudadanos comprometidos con su comunidad.
El debate sobre la administración de la rectoría no debe centrarse en cuánto se pagaba a la comunidad de hermanas Bethlemitas o el alquiler de la infraestructura. El verdadero enfoque debe ser el futuro, lo que se pierde al prescindir de su presencia y las implicaciones que esto tiene para el colegio y la comunidad en general.
La ciudadela educativa, una propuesta que ha sido mencionada tanto por políticos candidatos como por funcionarios en ejercicio, debe priorizarse. Esta idea, que aún no ha pasado de ser una promesa de palabra, es esencial para consolidar un modelo educativo más inclusivo y más cercano a las necesidades sociales del municipio. Los políticos deben asumir el compromiso de concretar este proyecto, que podría transformar a la región, generando no solo un espacio educativo de calidad, sino también un referente de desarrollo social.
Reconocimiento y agradecimiento:
Desde este medio El Radar del Sol, un gracias sincero a las Hermanas Bethlemitas. La comunidad de El Tambo siempre las llevará en el corazón, reconociendo su vocación, dedicación y servicio a la comunidad. Su legado permanecerá en la memoria de todos aquellos que fueron tocados por su trabajo, por su fe y por su incansable esfuerzo por mejorar la vida de las personas.
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