La reciente posesión de Mauricio Bastidas Bedoya como nuevo director de Corponariño, lejos de ser un proceso transparente y de cambio, se consolida como un claro ejemplo de continuísmo y la intrusión de intereses politiqueros y particulares en la gestión ambiental del departamento de Nariño. Lo que se prometió como una renovación, terminó siendo una compleja red de alianzas y maniobras dilatorias que evocan la imagen de un «caballo de Troya», donde las apariencias de consenso esconden una profunda estrategia de control y poder político.
La unanimidad en la votación del Consejo Directivo a favor de Bastidas, celebrada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, es vista como la prueba más contundente de estas negociaciones subrepticias. Esta votación no reflejó un verdadero acuerdo programático o de visión ambiental, sino una gran alianza entre fuerzas políticas diversas, uniendo los votos que se inclinaban a los deseos de congresistas como Teresa Enriquez y Alberto Benavides, junto con los del propio gobernador.
El núcleo del continuismo reside en la figura del nuevo director. Mauricio Bastidas Bedoya, ingeniero químico y ambiental con experiencia en gestión del agua y planificación territorial, ha sido un aliado estratégico y fundamental de la senadora Teresa Enriquez por aproximadamente 15 años. Durante este tiempo, trabajó como contratista e incluso como empleado provisional en Corponariño bajo su influencia, lo que significa que su nombramiento asegura que el poder de Enriquez siga siendo significativo, controlando ahora un porcentaje considerable de la corporación.
A este panorama se suma la irrupción del senador Alberto Benavides, quien habría presionado desde la presidencia para asegurar votos cruciales para Bastidas. La cercanía de Bastidas con Victoria Benavides, hermana del senador, lo convierte en una figura que sirve a los intereses de ambas facciones.
El gobernador Luis Alfonso Escobar, a pesar de sus promesas iniciales de cambio y autonomía, terminó uniéndose a esta alianza Benavides-Enriquez. Aunque se presume que intentó disputar los votos, la presión posiblemente del DAPR (Dirección Administrativa de la Presidencia de la República) para votar por el candidato de Alberto Benavides lo habría llevado a ceder y votar por Bastidas, evidenciando una falta de carácter frente a las presiones políticas.
Este proceso estuvo viciado por maniobras dilatorias y recusaciones infundadas. La Procuraduría General de la Nación ya había declarado «infundadas» todas las recusaciones presentadas por candidatos a la dirección. De manera particularmente preocupante, el propio Mauricio Bastidas Bedoya presentó una recusación el 7 de julio de 2025 que fue una «burla a la ley,» ya que, según una denuncia, se limitó a cambiar la fecha de una recusación anterior hecha por Fredy Hernán Rodríguez Aúx. Estas acciones buscaron romper el quórum y ganar tiempo para forjar las alianzas políticas que finalmente se materializaron.
La gravedad del asunto se extiende al ámbito legal. Existe una grave denuncia penal ante la Fiscalía Seccional de Delitos contra la Administración de Justicia y Administración Pública, la cual señala a Mauricio Bastidas Bedoya, junto con otros directivos y exdirectivos, por presuntos delitos de fraude procesal y obstrucción a la función pública. La denuncia habla de un «plan soterrado» para impedir el saneamiento de Corponariño y una profunda conexión con «presuntos punibles de corrupción» y «concierto para delinquir».
La entidad, que ya ocupaba los últimos lugares en gestión y desempeño con relación a otras Corporaciones Autónomas Regionales del país, enfrenta ahora el reto de restaurar su credibilidad en un contexto donde el «cambio» prometido se diluye en una peligrosa coalición de poder. La elección de un director implicado en las mismas maniobras dilatorias que entorpecieron el proceso de saneamiento, es una clara demostración de cómo los intereses clientelistas prevalecen sobre la transparencia y la legalidad.
Además, se vislumbra la aparición de nuevos actores como Alejandra Gabriela Abásolo Gómez, señalada como la ficha política apoyada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.
En definitiva, la elección del nuevo director de Corponariño es una triste muestra de cómo las maquinarias políticas han secuestrado una institución vital para la gestión ambiental de Nariño, transformando la esperanza de cambio en un “caballo de Troya” que perpetúa el control de los mismos actores, con otras caras y sus intereses particulares. El desafío ahora es para la Fiscalía, que deberá investigar y judicializar a los presuntos responsables para intentar restaurar la transparencia y la legalidad en la corporación.
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