Una acción de tutela interpuesta por El Radar del Sol obligó a la Alcaldía de El Tambo, Nariño, a revelar los detalles detrás de la abrupta cancelación del proyecto del Centro de Convivencia en la vereda Chagraurco, una obra valorada en más de 3.000 millones de pesos.
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La respuesta de la administración municipal, emitida bajo la presión judicial, expuso razones que difieren de la versión de Findeter, la entidad co-ejecutora, planteando serias interrogantes sobre la transparencia y la gestión de importantes recursos públicos en el municipio.
La intervención judicial no solo desentrañó el caso de Chagraurco, sino que también forzó a la administración a pronunciarse sobre otros proyectos estancados y el manejo de fondos públicos, dibujando un panorama complejo de la situación en El Tambo.
El periodista Felipe Andrés Criollo Córdoba, director del medio digital El Radar del Sol, interpuso este recurso legal al no obtener respuestas de la Alcaldía sobre la cancelación del proyecto y otros asuntos de interés público. La administración municipal, accionada judicialmente, tuvo que entregar explicaciones detalladas que evidencian una compleja trama de decisiones y responsabilidades.
La acción judicial, radicada el primero de septiembre de 2025 bajo el número 522604089001-2025-00224-00, acusó a la Alcaldía de El Tambo y a su alcalde, Héctor Fajardo, de vulnerar los derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública y transparencia. Criollo Córdoba había presentado un derecho de petición el 16 de junio de 2025, exigiendo aclaraciones sobre la gestión municipal, la ejecución de contratos y el manejo de recursos públicos. Específicamente, buscaba conocer las razones de la terminación unilateral del convenio con Findeter para el proyecto de Chagraurco, el incumplimiento de requisitos y las acciones tomadas para evitar su abandono.
El periodista enfatizó que la información solicitada revestía un alto interés público y afectaba el derecho de la comunidad a la transparencia en la gestión pública. A pesar de que la Alcaldía solicitó una prórroga de 15 días hábiles el 10 de julio de 2025, argumentando recopilación de información y la alta demanda por los preparativos del evento institucional “Día del Campesino Tambeño”, el plazo inicial y la prórroga vencieron sin una respuesta clara, completa, precisa y de fondo, situación que motivó la presentación de la tutela.
El Juzgado Promiscuo Municipal de El Tambo admitió la acción de tutela el mismo día de su presentación, el 1 de septiembre de 2025. El juzgado, aplicando lo dispuesto por la Constitución y los decretos reglamentarios, ordenó a la Alcaldía Municipal y al alcalde Héctor Fajardo dar una respuesta satisfactoria, clara, precisa, completa, oportuna y de fondo a cada una de las preguntas planteadas en el derecho de petición del 16 de junio de 2025. Para ello, estableció un término perentorio que no excediera las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia. Además, la judicatura priorizó la respuesta debido a la calidad de periodista del accionante y el impacto de la información en el derecho de la comunidad de El Tambo a ser informada adecuadamente. La notificación del auto de admisión se envió el mismo 1 de septiembre de 2025 a Felipe Andrés Criollo Córdoba y a la Alcaldía Municipal de El Tambo. La Alcaldía respondió el 5 de septiembre de 2025, cumpliendo así con el mandato judicial.
Chagraurco: $3.000 Millones que no llegaron a concretarse en el Centro de Convivencia; Findeter y Alcaldía presentan razones sobre este proyecto
Findeter, la Financiera del Desarrollo Territorial, explicó, en respuesta a derecho de petición presentada por el mismo medio El Radar del Sol, en un informe técnico del 11 de julio de 2025, que la cancelación del convenio interadministrativo derivado No. 145 de 2024 con el municipio de El Tambo no fue una decisión unilateral suya. La determinación provino de un acuerdo entre elMinisterio del Interior y Findeter, ratificado en un acta del 12 de diciembre de 2024, para terminar anticipadamente y liquidar el Contrato Interadministrativo Principal No. 2561 de 2023.
Este contrato principal, cuyo objeto era la «Asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera para la ejecución de proyectos de infraestructura financiados por el fondo nacional para la seguridad y convivencia ciudadana –FONSECON», servía de marco para un grupo de 23 convenios suscritos con diferentes municipios afectados por la decisión. Al liquidarse el contrato principal, todos los convenios derivados, incluyendo el de Chagraurco, perdieron automáticamente su sustento jurídico. Findeter notificó al alcalde Héctor Fausto Fajardo Enríquez de esta decisión y la solicitud de terminación y liquidación el 5 de mayo de 2025. La entidad también aclaró que su función se limitaba a la asistencia técnica y que nunca tuvo los recursos destinados al proyecto en sus cuentas; estos se encontraban en una fiduciaria y se reintegrarían a la nación al no ser ejecutados.
Además de la liquidación del contrato marco, Findeter señaló que uno de los requisitos primordiales para la ejecución del proyecto, la viabilidad técnica del predio, se vio seriamente comprometida por la falta de permisos de vertimientos de aguas servidas, que obligatoriamente debía emitir CORPONARIÑO. La entidad financiera realizó un amplio acompañamiento al municipio, incluyendo múltiples visitas al predio (el 27 de diciembre de 2023, el 16 de abril de 2024 y el 24 de septiembre de 2024). En estas visitas, Findeter solicitó al municipio el envío de documentos relacionados con la viabilidad técnica y jurídica, y evidenció la necesidad de realizar obras de adecuación, tales como la nivelación del predio, limpieza, descapote, adecuaciones, movimiento de una línea de media tensión y la demolición de una placa de concreto construida por la comunidad.
La alcaldía se comprometió a ejecutar estas obras y un sistema de tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, a pesar de los plazos establecidos (el 9 de octubre de 2024 como fecha límite para los documentos ambientales), Findeter informó que el municipio no adelantaba las gestiones ante la corporación ambiental ni contaba con la documentación necesaria. Para Findeter, la falta de estos permisos ambientales hizo imposible la viabilidad técnica, y consideró que, incluso si se hubieran obtenido, el destino del proyecto no habría cambiado debido a la liquidación del contrato marco.
La Alcaldía, en su respuesta emitida tras la orden judicial, ofreció una versión matizada de los hechos. Explicó que la decisión de terminación anticipada y liquidación bilateral del contrato interadministrativo No. 2561 de 2023 por parte del Ministerio del Interior y Findeter se debió a la inminente expiración del contrato el 9 de mayo de 2025 y a la preocupación por los tiempos para llevar a cabo todas las actividades contractuales. Reconoció que hubo demoras en la consecución de documentos por parte de algunos municipios y que el cambio de alcaldes en enero de 2024 generó desconocimiento de los proyectos en las nuevas administraciones. También mencionó la preocupación por la no disponibilidad de caja (PAC) a nivel nacional, la cual impactó la ejecución de contratos y proyectos.
Sin embargo, la administración municipal defendió su gestión, afirmando haber dado «cumplimiento oportuno a cada uno» de los requerimientos de Findeter. Criticó que Findeter no especificó la totalidad de la documentación requerida desde un inicio, lo que generó inconvenientes posteriores. La Alcaldía también destacó que debió contratar una consultoría para la implementación de un sistema séptico, una actividad no contemplada inicialmente dentro de la fase precontractual del proyecto. Aseguró que gestionó todas las solicitudes ante la entidad competente en materia ambiental, Corponariño, informando a Findeter sobre el tiempo considerable que implicaría el proceso, a lo que Findeter otorgó su visto bueno para continuar.
La contratación de la consultoría para el sistema séptico evidenciaba el «compromiso no solo administrativo sino también financiero» del municipio, y la Alcaldía se sintió afectada por la decisión de las entidades nacionales de liquidar el acuerdo sin considerar el esfuerzo e inversión municipal. Respecto a las acciones para evitar el abandono, la administración solo pudo referenciar una solicitud realizada el 29 de mayo de 2025 y la imposibilidad de Findeter y el Ministerio del Interior para revertir la liquidación.
La acción de tutela también forzó a la Alcaldía a pronunciarse sobre otros proyectos y puntos críticos:
• Manejo de los recursos públicos y pagos de cesantías: La administración detalló un incidente de doble consignación de cesantías por un valor total de $61,876,052 ($4,392,664 a Porvenir y $57,483,388 a FNA) el 14 de febrero de 2025, correspondiente al período 2022. Explicó que la situación fue detectada y reportada oportunamente por el área encargada, y que la Oficina de Tesorería actuó prontamente para remediar el error. Los recursos fueron devueltos en su totalidad, sin que se generara un detrimento patrimonial para el municipio, y se realizaron reuniones con la Personería Municipal para socializar los hechos y garantizar la transparencia.
• Suspensión de pagos en la Galería Municipal: La administración explicó que la suspensión de pagos se originó por la no carga de la información correspondiente en la plataforma de control GESPROY durante el segundo semestre de 2023, lo que impidió el seguimiento de los avances. La Alcaldía afirmó haber adelantado diversas acciones para solucionar la suspensión y, tras varias mesas de trabajo con los actores competentes y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se logró el levantamiento de la suspensión de giros, permitiendo así retomar la obra.
• Falta de ejecución de contratos dirigidos a la población adulto mayor: La Alcaldía aseguró que desarrolla acciones diarias para salvaguardar los derechos de los adultos mayores mediante una articulación continua con el Centro Hospital San Luis. Esto incluye el programa de crónicos, la toma de exámenes, el seguimiento y control médico, la gestión con las E.P.S., el apoyo de auxiliares de enfermería para el aseo y alimentación, y la entrega de kits de aseo. También se realizan actividades deportivas y recreativas. Se anexaron cronogramas de actividades de 2024 y 2025 como prueba de su gestión.
• Acciones ante la comunidad y asistencia a los espacios de control político: El Secretario de Gobierno, Francisco Javier Zamora Criollo, no asistió a una sesión del Concejo Municipal programada para el 29 de mayo de 2025 debido a que el alcalde Héctor Fausto Fajardo Enríquez lo había delegado para participar en una «Jornada de divulgación de la nueva metodología de medición de desempeño – Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR)» en Pasto. La Alcaldía solicitó que futuras citaciones se realicen con una anticipación no menor de cinco días y en cuestionario escrito para garantizar la asistencia de los funcionarios.
• Proyectos de interés comunitario e infraestructura básica: La Alcaldía enumeró una extensa lista de programas y proyectos gestionados. En el ámbito comunitario, destacó la asistencia técnica pecuaria, el registro de pequeños productores, programas de educación ambiental (manejo de residuos, cambio climático, reforestación), buenas prácticas agrícolas, apoyo a la comercialización de especies menores (cuy y conejo), pagos por servicios ambientales, y la postulación a la convocatoria «Economía Popular para el Cambio», donde siete personas y una asociación de la vereda Chagraurco fueron seleccionadas.
También se mencionaron programas de formación con el SENA (seguridad alimentaria, producción de cuyes, técnico agropecuario, catación de café para víctimas) y el programa FAIA para subsidios de insumos agrícolas. La administración también participa en el Comité Territorial de Justicia Transicional, donde se aprobó un Plan de Acción Territorial (PAT) 2024-2027 con un presupuesto de $65,696,365 para víctimas y un Plan de Prevención y Protección 2025-2027. En infraestructura básica, la administración mencionó la finalización del acueducto urbano, aunque con falencias en distribución y altura, y la necesidad de nuevos estudios y un contrato para un «Plan Maestro» de acueducto y alcantarillado. Para las vías rurales, se realizan «mingas comunitarias» con apoyo de la comunidad ante la falta de maquinaria. Finalmente, se realizan censos, identifican puntos críticos y mantienen luminarias para la iluminación pública, estudiando alianzas público-privadas.
La respuesta de la Alcaldía, aunque forzada por una acción legal, proporciona una visión detallada de los desafíos de gestión municipal. No obstante, las versiones sobre la cancelación del proyecto Chagraurco presentan matices significativos entre lo expuesto por Findeter y lo que la administración municipal sostiene. Mientras Findeter apunta a la falta de cumplimiento de requisitos esenciales y a la liquidación del contrato marco por consenso nacional, la Alcaldía se defiende, argumentando cumplimiento oportuno y señalando inconsistencias en las exigencias iniciales de Findeter. Esta divergencia subraya la complejidad de la gestión pública y la importancia vital de la transparencia.
La acción de tutela demostró ser una herramienta efectiva para que la ciudadanía, a través del periodismo, acceda a información pública que de otra manera permanecería oculta. El caso del Centro de Convivencia de Chagraurco y los demás proyectos en El Tambo reflejan los retos de la administración municipal en el manejo de inversiones y la articulación interinstitucional. La comunidad de El Tambo ahora cuenta con una mayor claridad sobre la gestión de sus recursos, pero la responsabilidad de la vigilancia y el control ciudadano persiste, exigiendo que las promesas de desarrollo se traduzcan en realidades concretas y transparentes.
Ahora El Radar del Sol está a la espera de los derechos de petición presentados por el caso del hurto de más de 1.300 millones de las cuentas de la Alcaldía Municipal, presentados tanto al Alcalde como al Banco Agrario.
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