La salud en Colombia no es solo un derecho fundamental, es un polvorín financiero y social a punto de estallar. Las recientes revelaciones sobre la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud más grande del país con más de 10 millones de afiliados, no son meras anomalías contables; son la cruda radiografía de una enorme estafa al pueblo de Colombia por decenas de billones de pesos del erario, como denunció el presidente Gustavo Petro. Este escándalo, lejos de ser un hecho aislado, se presenta como el síntoma más agudo de una enfermedad sistémica que exige una reforma profunda e inminente.
El corazón del problema reside en un modelo de intermediación financiera que ha demostrado ser un caldo de cultivo para la corrupción y la ineficiencia. La Nueva EPS, de naturaleza mixta con un 49% de propiedad estatal y el resto en manos de cajas de compensación que manejan dineros públicos, ha sido, según las acusaciones, el epicentro de un cartel de la contratación que desvía recursos hacia empresas y políticos poderosos mediante coimas y sobornos. Las cifras presentadas por el Gobierno, respaldadas por la Contraloría General de la República y la Fiscalía, son escalofriantes:
En 2023, la anterior junta directiva de la Nueva EPS habría ocultado 5 billones de pesos en deudas, distribuidas en unos 12 millones de facturas. Esta maniobra contable buscaba maquillar los estados financieros para evitar la intervención del Estado. Mientras se presentaban balances «satisfactorios» a la Superintendencia de Salud para seguir operando, al Ministerio de Salud se le mostraban déficits abultados con la intención de «pedir más plata» al erario. La Fiscalía ha formalizado acusaciones contra cuatro exdirectivos, incluido el expresidente José Fernando Cardona Uribe, al parecer, por implementar una política fraudulenta para ocultar pérdidas y desviar 70.500 millones de pesos para beneficiar a los accionistas. Estas prácticas, que se extendieron de 2019 a 2023, generaron utilidades artificialmente mayores» mientras los indicadores financieros reales señalaban pérdidas millonarias año tras año.
La situación financiera de la Nueva EPS es catastrófica. De acuerdo con el informe de la Contraloría, sus niveles de deuda se han mantenido elevados y aumentaron un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, alcanzando los 21,37 billones de pesos. Las proyecciones indican que el pasivo podría llegar a 26,39 billones de pesos al cierre de 2025. El patrimonio, que en 2022 era positivo en 485.209 millones de pesos, se desplomó a -6,25 billones de pesos en marzo de 2025, con una proyección de -9,16 billones para fin de año. Este escenario de «inviabilidad estructural» pone en riesgo la atención de los 11,5 millones de afiliados.
Pero el desastre va más allá de las cifras contables. La calidad del servicio se ha deteriorado gravemente. Las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) se dispararon un 151.6% entre el primer semestre de 2022 y el mismo período de 2025, pasando de 177.479 a 446.520. Las principales causas son la dificultad de atención, los trámites administrativos y las autorizaciones. Las tutelas también reflejan este caos, con un pico de 66.135 en el primer semestre de 2025.
Resulta paradójico que, a pesar de la intervención del Gobierno Petro en abril de 2024, que lleva 18 meses, los indicadores de la Nueva EPS no solo no han mejorado, sino que se han agravado. Si bien la intervención se justificó por una crisis estructural que las EPS arrastraban desde hace años, el tratamiento aplicado lejos de ayudar al paciente, parece estar acelerando su agonía. Esto sugiere que el problema es tan profundo que las medidas correctivas actuales no son suficientes, o que la ejecución de la intervención no ha sido la esperada. La acumulación de 13,17 billones de pesos en facturas pendientes de auditar y 15,31 billones de pesos en anticipos sin legalizar son una muestra del «caos interno» que impera.
La historia de la Ley 100 y sus 130 EPS liquidadas, que dejan deudas millonarias impagas a los hospitales y al personal de la salud, grita por un cambio. El presidente Petro fue enfático en que la solución pasa por eliminar la intermediación financiera de las EPS y girar directamente los recursos a las IPS (hospitales y clínicas). Las experiencias en las EPS intervenidas, donde ya se aplica el giro directo, junto con la implementación de un sistema preventivo territorializado y la inversión en infraestructura pública, han demostrado mejoras tangibles en la salud de la población, reduciendo drásticamente la mortalidad infantil y materna, y disminuyendo en un 12% la muerte por enfermedades crónicas tratables.
El Congreso de la República tiene en sus manos la oportunidad y la responsabilidad de decidir el futuro de la salud. Mantener un sistema que no sirve y que condena a la nación a la quiebra y al fracaso total por poderosos políticos que se han llenado los bolsillos, sería un acto de miopía histórica. La evidencia es contundente: la intermediación no funciona, fomenta la corrupción y deteriora la atención. Es hora de dejar de debatir el Frankenstein de empresarios ladrones y avanzar hacia una reforma que priorice la vida, el acceso equitativo y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. ¿Seguiremos pagando las deudas de un modelo fallido, o construiremos un sistema de salud que realmente sirva al pueblo colombiano? La respuesta definirá si la salud es un negocio o un derecho inalienable.
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