La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico alcanzó un nuevo punto de inflexión, marcado por la violencia desproporcionada y la manipulación de la verdad estadística. La reciente decisión del gobierno de EE. UU. de descertificar a Colombia—vista por varios analistas como una «venganza más ideológica»—se basó en cifras que, según expertos y el propio presidente Gustavo Petro, resultaron de un «inmenso error» y un «rezago estadístico».
Simultáneamente, la acción militar estadounidense en el Caribe, con la orden directa del Secretario de Guerra Pete Hegseth de ejecutar «ataques cinéticos letales» contra embarcaciones, revela una alarmante doble moral, utilizando la narrativa de la «guerra contra el veneno» para justificar el asesinato y el despliegue de fuerza que choca frontalmente con los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La estadística como ficción política: El caso del pacífico oculto
El pretexto para la descertificación de Colombia fue el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), que reportó un aumento repentino y masivo del 53% en la producción potencial de cocaína en 2023. Esta cifra se presentó como una prueba de la incapacidad del actual gobierno para contener el narcotráfico.
Sin embargo, la directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y la experta en estadística Chang detalló la trampa metodológica subyacente. La UNDOC no actualizó ni midió la región del Pacífico (departamentos como Nariño, Cauca y Chocó), que produce casi el 40% de la producción nacional, durante tres años consecutivos: 2020, 2021 y 2022. Este periodo coincide en gran medida con el gobierno anterior.
La metodología de la ONU asume que la producción se mantiene «plana» si no se mide. Por lo tanto, durante esos tres años, la cifra de rendimiento se mantuvo artificialmente constante en 6,4 toneladas por hectárea. Cuando finalmente se midió el Pacífico en 2023, la cifra de rendimiento se disparó a 8,5 toneladas, un aumento del 33%.
Esta explosión estadística en 2023 no reflejó un aumento concentrado únicamente en el gobierno Petro, sino que fue el resultado de un «rezago estadístico» que acumuló progresivamente el crecimiento de la producción desde 2020. La experta Chang sugiere que si la zona de alta productividad (el Pacífico) hubiera sido medida con mayor frecuencia, el aumento se habría visto de manera «más paulatina año a año» y no un «aumento repentino».
Este error metodológico distorsionó la percepción global, facilitando la aplicación de la sanción más dura del régimen antidrogas. Lo más crítico es que esta sanción fue aplicada al único país que, según Petro, «pone los muertos» en este negocio global, mientras que gobiernos anteriores, como el de Duque o Santos, no fueron descertificados a pesar de aumentos alarmantes en la producción de cocaína.
Violencia Desproporcionada y Crímenes de Guerra
El segundo eje de la crítica se centra en la respuesta militar de EE. UU. en el Caribe. El Secretario de Guerra Hegseth justificó la destrucción de una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela, donde cuatro personas fueron asesinadas, alegando que eran «narco-terroristas» que transportaban narcóticos «para envenenar a nuestra gente».
Esta justificación fue reforzada por el movimiento rápido del gobierno Trump para notificar al Congreso que EE. UU. se encuentra en un «conflicto armado con carteles de la droga», buscando así legitimar el asesinato de civiles bajo el paraguas de la lucha contra organizaciones terroristas.
El presidente Petro denunció que esta operación, que utiliza «misiles», es una desproporción inaceptable. Petro argumentó que los muertos «no son narcoterroristas, son jóvenes pobres de las islas del caribe tratando de sobrevivir económicamente». Él insistió en que Colombia logra incautar «centenares de toneladas de cocaína, mucho más que lo que hacen las naves de guerra estadounidenses, sin matar a nadie».
La acción de «bombardearlos con misiles como en Gaza» constituye, según Petro, un asesinato contra el pueblo caribeño. Esto pone en entredicho el cumplimiento de principios fundamentales del DIH, que protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates, y prohíbe el uso de medios y métodos militares que no distinguen entre combatientes y civiles. Matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o esté fuera de combate está prohibido por el DIH.
La crítica se extiende a la motivación real de estos ataques. Petro califica la narrativa estadounidense de «embrujo ideológico nazi» comparable a la táctica de Goebbels para justificar la invasión a Polonia, señalando que la verdadera ambición es quedarse con el petróleo de Venezuela y Guyana. Además, recordó que el mayor veneno que enfrenta EE. UU. es el fentanilo, una «droga de diseño industrial que se hace en su propio país y se consume en su país». Lanzar misiles en el Caribe parece una táctica para «ocultar el verdadero veneno que es el fentanilo».
La necesidad de una América sin muerte
La guerra contra las drogas, manejada con estadísticas erróneas como arma política y con misiles como táctica militar, es un fracaso moral y humanitario. La descertificación de Colombia, basada en un error metodológico generado por el descuido o la omisión en mediciones anteriores, busca desacreditar al único país que asume los costos humanos y que, paradójicamente, es campeón mundial de incautación de cocaína.
La violencia en el Caribe, que mata a jóvenes pobres y utiliza una retórica de «narco-terrorismo,» es una forma de mantener la hegemonía y presionar por recursos. Es imperativo que la visión de América pase de la división violenta a la unidad, basada en el diálogo y en la «política de la vida» propuesta por Petro. Los Estados Unidos deben dejar de usar estadísticas distorsionadas y misiles asesinos, y enfrentar el verdadero veneno industrial del fentanilo en casa.
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