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El 17 de junio de 2025, el Senado colombiano aprobó una reforma laboral histórica con 56 votos a favor. Fue el resultado de meses de tensiones políticas, movilizaciones sociales y promesas de campaña. En el papel, se trata de un avance significativo para los trabajadores: reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, recargos dominicales del 100% en tres años, contratos indefinidos como norma, y nuevos derechos para aprendices del SENA, trabajadores de plataformas digitales y teletrabajadores.
Sin embargo, la euforia legislativa se vio opacada por una crisis institucional que no debería pasar desapercibida. El mismo presidente que celebró la aprobación de la reforma es el que intentó, solo días antes, imponer una consulta popular por decreto. El Decreto 0639 de 2025, firmado el 11 de junio, intentó revivir la reforma archivada en marzo sin el concepto previo favorable del Senado, ignorando flagrantemente los artículos 103 y 104 de la Constitución. Fue un intento inconstitucional de imponer la voluntad del Ejecutivo en nombre de una supuesta irregularidad legislativa.
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El Consejo de Estado, como máxima autoridad de lo contencioso-administrativo, suspendió el decreto el 18 de junio. El golpe fue certero, pero necesario. Lo que Petro presentó como participación directa, no fue otra cosa que un atajo institucional. Alegar que solo la Corte Constitucional podía juzgar la legalidad del decreto fue una maniobra más para dilatar lo evidente: el Ejecutivo intentaba saltarse al Congreso. El uso de la excepción de inconstitucionalidad como justificación jurídica fue, en palabras de varios expertos, improcedente y engañoso.
La respuesta del Congreso también fue contundente. En una doble negación, el Senado rechazó la consulta popular el 14 de mayo y de nuevo el 17 de junio. Aún así, el presidente insistió en que la consulta seguía vigente hasta la conciliación del proyecto. Una narrativa que no solo roza el desprecio por el Legislativo, sino que sugiere una peligrosa interpretación del poder presidencial.
Los hechos hablan por sí solos. Mientras el Congreso aprobaba una reforma ampliamente alineada con los intereses del Gobierno, el Ejecutivo mantenía la amenaza de una consulta costosa (800.000 millones de pesos estimados por la Registraduría) e innecesaria. El propósito ya no parecía ser la reforma misma, sino la validación simbólica de un poder que no encuentra comodidad en el marco constitucional actual.
La posibilidad de una Asamblea Constituyente, aunque no se menciona de forma explícita en este contexto, flota como una nube cargada. Petro ha hablado de “orden constituyente”, de que el pueblo debe expresar su voluntad soberana, y de que las instituciones no lo representan. Es un discurso que erosiona la legitimidad del poder constituido y siembra las semillas para un cambio de régimen por vías no convencionales.
Lo que no puede pasar desapercibido es el método: usar un mecanismo legítimo como la consulta popular para presionar al Congreso, evadir el debate democrático o recuperar derrotas políticas, es desnaturalizar el sentido mismo de la participación ciudadana. La consulta no es una herramienta de revancha institucional. Es un acto soberano, y por lo mismo, requiere rigor, legitimidad y respeto al procedimiento.
La reforma laboral será conciliada y, con alta probabilidad, sancionada. Quedará como un legado social de este Gobierno. Pero su forma de imponerse casi empaña su contenido. La institucionalidad quedó tensionada, y el precedente que deja el “decretazo” es preocupante.
La lección es clara: no se puede gobernar contra las instituciones ni moldear la democracia al antojo de una voluntad, por más popular que esta se proclame. La legitimidad se construye con consensos, no con decretos. Y en una república, el poder es compartido, limitado y vigilado.
Colombia necesita reformas, pero también necesita Estado de Derecho. Necesita liderazgo, pero no imposición. La aprobación de la reforma laboral es una victoria social, pero no puede ser usada como excusa para debilitar las bases de nuestra democracia. El respeto por los poderes, el cumplimiento de la Constitución y la capacidad de gobernar dentro de las reglas no son opcionales: son el corazón de una república democrática.
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