La reciente polémica suscitada por las declaraciones del congresista nariñense Erick Velasco, al afirmar que la doble calzada Popayán – Pasto no era necesaria, ha puesto de manifiesto una vez más la desconexión entre las prioridades del gobierno nacional y las necesidades apremiantes del pueblo nariñense. A pesar de las explicaciones posteriores de Velasco, donde reculó sus palabras, y quien argumentó que el déficit fiscal heredado y los compromisos financieros previos obligan a priorizar obras en otras regiones, el malestar en Nariño es palpable y justificado.
La esperada reunión con el Ministerio de Transporte, que muchos pensaban traería avances significativos para la doble calzada Popayán – Pasto, resultó ser otra decepción. En lugar de las buenas noticias, se confirmó que este proyecto crucial para la región seguirá en suspenso. En ese sentido el congresista Velasco apenas pudo asegurar la ejecución de la vía Timbío – El Estanquillo, un proyecto que comenzaría en 2025 y se extendería hasta 2030, dejando a Nariño con promesas a largo plazo pero sin soluciones inmediatas. Velasco, también, se refirió a la variante San Francisco – Mocoa como un eje vial para el departamento, pero no precisó sobre la misma.
A esta frustración se suma el anuncio del Ministerio de Transporte sobre la reactivación del peaje en El Contadero. El ministro William Camargo justificó esta medida con el argumento de que los ingresos del peaje son esenciales para financiar obras en la zona, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no activar el peaje, como la liquidación de concesiones y la carga financiera para el Estado. Sin embargo, para los nariñenses, esta medida representa otro golpe a una comunidad ya económicamente asfixiada. En lugar de recibir apoyo, se les pide más sacrificios.
Uno de los problemas más críticos en la región son los bloqueos constantes en la vía Panamericana. Este año se han registrado 37 bloqueos, con graves repercusiones para sectores clave de la economía como el agropecuario, el turismo y el transporte. El presidente del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, Arturo Ortega Cornejo, ha señalado que estas interrupciones han llevado al cierre de empresas y al despido de muchas personas, profundizando la crisis económica.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha propuesto un «Gran Pacto Regional por Cauca y Nariño» para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo, evitando que los bloqueos paralicen la economía regional. Proponiendo la Panamericana como sujeto de derechos. Este pacto, firmado con la mediación de Naciones Unidas, busca garantizar la movilidad y la libre circulación en la Panamericana, un eje vital para la región. Escobar ha enfatizado que este acuerdo debe ser una prioridad nacional, no solo un compromiso de palabra.
A pesar de las adversidades, el Ministerio de Transporte destaca los avances en la región con 112 proyectos en marcha, generando 12.672 empleos y una inversión de 5.2 billones de pesos. Estas cifras, aunque alentadoras, no logran mitigar el descontento generado por la falta de prioridad a las mega obras que tanto necesita Nariño. La región requiere más que promesas y proyectos dispersos; necesita una inversión integral y sostenida que aborde sus problemas estructurales.
La situación en Nariño es un claro reflejo de la desconexión entre un gobierno central absorto en sus limitaciones fiscales y una región que siente que sus necesidades son sistemáticamente ignoradas. Mientras el gobierno nacional se enfrenta a un panorama económico complicado, los nariñenses demandan acciones concretas y urgentes. No se puede seguir pidiendo sacrificios a una comunidad que ya ha dado demasiado. Es hora de que el gobierno escuche, actúe y priorice a Nariño como se merece.
