En un país como Colombia, donde la salud es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, la reciente confirmación de un escándalo de desfalco en el sistema de salud por parte de la Contraloría General de la República solo profundiza la desconfianza hacia las instituciones y líderes encargados de velar por el bienestar público. La entidad fiscalizadora, dirigida por el Contralor Carlos Hernán Rodríguez, ha destapado un entramado que exhibe el desvío de 11 billones de pesos destinados a la salud en plena pandemia de 2020, recursos que, en teoría, deberían haber salvado vidas y sostenido un sistema sanitario enfrentado a uno de los mayores desafíos de la historia reciente.
¿Dónde fue a parar ese dinero? Según el Contralor Rodríguez, seis de esos billones de pesos fueron usados para cubrir deudas de las EPS, algunas deudas que incluso datan desde 2003. Otros cinco billones no cuentan con soportes, lo que indica que podrían haber sido gastados en usos particulares, alejados de su propósito de salvar vidas. Así, en lugar de infraestructura hospitalaria o insumos médicos, este dinero fue destinado al pago de intereses, créditos, y hasta en gastos personales de los miembros de la junta directiva de la Nueva EPS, incluyendo arriendos, clases de yoga, gasolina, y otros lujos.
La Junta Directiva en la mira
Uno de los puntos más alarmantes de este informe es la implicación de la junta directiva de la Nueva EPS, una entidad con participación mayoritaria del Estado en sus acciones. Entre sus miembros en 2020 encontramos nombres de peso en el ámbito político y social de Colombia. Estos incluyen a Enrique Vargas Lleras, abogado y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, acérrimo opositor de la reforma de salud y una de las voces más fuertes en la defensa del sistema EPS. La lista sigue con Fernando Jiménez, exviceministro de Hacienda; Mauricio Olivera González, economista y expresidente de Colpensiones; Noemí Sanín, excandidata presidencial, y Ricardo Rueda Sáenz, médico y profesor de la Universidad de los Andes. Cada uno de ellos, con grandes influencias, carga ahora el peso de un escándalo que no solo señala falta de ética, sino que, en plena emergencia sanitaria, dejó al sistema de salud sin una cantidad inmensa de recursos.
Los pagos sin soporte y el desperdicio de recursos
La gravedad del caso radica en que más de 2 billones de pesos carecen de soportes que justifiquen su uso. En el caso de la Nueva EPS, se evidencia cómo las sumas que debían respaldar atenciones médicas y gastos esenciales se diluyeron en honorarios elevados, gastos suntuosos y beneficios cuestionables para la junta directiva, que solo en salarios cobraron más de 282 millones de pesos, además de aprobar pagos para gastos completamente ajenos al sistema de salud, como clases de yoga y vales de gasolina. La situación de Famisanar, otra EPS involucrada, presenta un desfalco adicional de 643 mil millones de pesos, reflejando una cadena de negligencias y potenciales actos de corrupción.
Es paradójico, e incluso insultante, que mientras los colombianos enfrentaban las devastadoras consecuencias del COVID-19 y se esforzaban por mantenerse a salvo, algunos de los líderes de la salud estaban cómodamente aprobando gastos personales y arrojando a la deriva recursos públicos en lugar de invertir en el mejoramiento de un sistema que, según varios expertos, ya se encontraba debilitado. Todo esto en un contexto donde clínicas y hospitales acumulaban deudas insostenibles, y el acceso a servicios de calidad se volvía cada vez más inaccesible para la mayoría de los colombianos.
Los intereses políticos y la reforma de la salud
La reforma de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro ha sido un tema álgido que expone con claridad los intereses ocultos detrás de ciertos políticos y empresarios, empecinados en defender a las EPS. Petro es directo al señalar la influencia de la familia Vargas Lleras en el sistema de salud, sugiriendo que el dominio de este clan ha jugado un rol en el desvío de recursos, afectando a clínicas y hospitales que todavía esperan los pagos atrasados por parte de las EPS.
Es claro que una reforma en el sistema es urgente. La intermediación financiera, que permite que recursos públicos pasen por manos privadas antes de llegar a los usuarios, ha demostrado ser una puerta abierta al despilfarro y la corrupción. La situación exhibe, una vez más, que la salud en Colombia se ha convertido en un negocio donde muchos políticos y empresarios ven una oportunidad de enriquecerse, dejando de lado el principio fundamental de este derecho: la salud pública como un servicio esencial, no un lujo al que se accede según las condiciones del mercado.
¿Qué cambios se necesitan?
Primero, debe considerarse la posibilidad de eliminar la intermediación financiera en la salud. Actualmente, las EPS manejan fondos públicos, y aunque la teoría dicta que deben rendir cuentas al Estado, la realidad muestra una serie de vacíos legales que les han permitido escapar a los controles y auditorías. La descentralización del sistema podría ser una opción que fortalezca la administración directa de los recursos por parte del Estado, eliminando la necesidad de intermediarios y asegurando que cada peso invertido en salud tenga un impacto real en el servicio.
Segundo, urge una reestructuración de los mecanismos de control y transparencia en el sector. La Contraloría General ha cumplido con su papel de investigar y destapar estas irregularidades, pero los resultados de esta labor deben traducirse en acciones concretas. Es inadmisible que recursos públicos de tal magnitud se manejen sin rendición de cuentas efectiva. Deben implementarse auditorías constantes y severas, así como penalizaciones ejemplares para quienes desvíen fondos destinados a la salud.
Finalmente, es necesario que la ciudadanía esté al tanto y exija transparencia y justicia. Este caso no puede quedar en el olvido, como tantos otros escándalos que hemos visto. La salud pública no puede seguir en manos de políticos y empresarios que, en lugar de velar por el bienestar de los colombianos, se dedican a beneficiarse a costa del sufrimiento y la necesidad de millones de personas.
La salud de un país es uno de los principales indicadores de su desarrollo y bienestar. En Colombia, la salud pública ha estado secuestrada por intereses que han destruido su credibilidad y eficiencia, evidenciando la urgencia de una reforma profunda. No solo se trata de devolver el dinero desviado, sino de construir un sistema que garantice el acceso igualitario y efectivo a la salud para todos. La oportunidad de cambio está en nuestras manos; si seguimos permitiendo que intereses particulares definan el destino de la salud pública, estaremos condenando a nuestra sociedad a vivir bajo un sistema quebrado e injusto.
Lamentablemente todo parece indicar que lo anterior es apenas la punta del Iceberg, de lo que falta por evidenciar.
