En los últimos días, el departamento de Nariño es testigo de una serie de protestas encabezadas por los camioneros, quienes se han declarado en asamblea permanente. Esta situación, desencadenada por el incremento en los precios de los combustibles decretado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía, refleja una problemática que va más allá del simple ajuste económico.
Desde el 26 de junio de 2024, el precio del galón de gasolina en Nariño se ha fijado en 13.638 pesos y el del diésel en 8.650 pesos. Esta medida, aunque necesaria para equilibrar el déficit fiscal generado por el congelamiento de precios durante la emergencia sanitaria de 2020, ha caído como un balde de agua fría sobre los transportadores. El Acpm, que en 2023 fue el combustible más subsidiado, había permitido que los camioneros no sintieran el impacto de los incrementos, pero ahora, cuando se debe enfrentar ese déficit, el golpe para los transportadores es directo y profundo.
Los camioneros de Nariño han levantado su voz no solo por el alza en los combustibles, sino también por la falta de seguridad en las vías, los bloqueos en el Cauca y la apertura de nuevos peajes sin la culminación de las infraestructuras prometidas. La presencia del gobernador Luis Alfonso Escobar y del alcalde de Pasto Nicolás Toro Muñoz en las zonas de protesta muestra una voluntad de acercamiento, pero es insuficiente sin la intervención de ministros o del mismo presidente Gustavo Petro.
Es fundamental entender que las vías de hecho no son la primera opción de los gremios y trabajadores. Estas acciones surgen cuando el diálogo falla, cuando las demandas no son escuchadas y cuando las soluciones se postergan indefinidamente. La situación en Daza, con centenares de vehículos particulares atrapados y tomando rutas peligrosas para llegar a sus destinos, es un claro ejemplo de cómo la falta de atención puede desencadenar crisis mayores.
Visita el Minimarket ¡Que Bonitico! – ¡ donde encuentras de todo y baratico! La ACC Nacional anunció que se sumarán los transportadores de pasajeros a la protesta, y el puente internacional Rumichaca también está bloqueado. Si no se toman medidas inmediatas, las consecuencias para la economía local y la vida diaria de los nariñenses serán devastadoras. En Pasto, ya se observa la especulación con el combustible y largas filas en las estaciones de servicio, lo que solo añade tensión a una situación ya crítica.
La Alcaldía de Pasto, en un intento por controlar la situación, ha emitido el decreto 0207, que restringe la venta de combustible con topes específicos para distintos tipos de vehículos. Aunque estas medidas son necesarias para evitar el desabastecimiento, no abordan el problema de fondo.
El secretario de Gobierno, Mauricio Rosero, ha hecho un llamado a la prudencia, subrayando que hay un abastecimiento para cinco días y que se están gestionando acuerdos con los camioneros para liberar los vehículos represados con combustible. Sin embargo, esto debe ir acompañado de un diálogo abierto y sincero entre el gobierno nacional y los gremios afectados.
Los gobernantes deben entender que es crucial priorizar el diálogo constante y efectivo. Las decisiones centralizadas que no consideran las realidades locales solo generan más descontento y protestas. La presencia de los líderes locales es importante, pero la solución definitiva vendrá de un compromiso real y tangible del gobierno nacional. Los ministros de Hacienda y Energía, así como otros funcionarios de alto nivel, deben trasladarse a Nariño para dialogar directamente con los transportadores y demás gremios afectados. Solo así se podrán encontrar soluciones viables que eviten el desgaste social y económico que generan las vías de hecho.
La situación en Nariño es un claro recordatorio de la necesidad de una gobernanza más inclusiva y empática. Las decisiones deben tomarse considerando las voces de todos los sectores de la sociedad, asegurando así un país más justo y equitativo, donde las vías de hecho no sean la única alternativa para ser escuchados.
