En el complejo escenario político y judicial que atraviesa el país, las recientes declaraciones de líderes de derecha han generado una profunda preocupación debido a su tono golpista, mientras que la figura del Fiscal General, Barbosa, ha sido objeto de críticas por su aparente inclinación hacia el ámbito político y sus resultados considerados mediocres en la entidad. A esto se suma la controversia en torno a la vicefiscal, Martha Janeth Mancera, quien pasa a ser la nueva fiscal general encargada, asumiendo esta responsabilidad desde el próximo lunes 12 de febrero de 2024, después de que ninguna de las ternadas por el presidente Petro lograra la mayoría de votos de los magistrados de la Corte Suprema. Mancera ha sido cuestionada por el caso de los llamados “narcofiscales”. Según la misma Fiscalía el caso ya está archivado y la fiscal encargada podrá asumir sus funciones. Sin embargo, no dejan de aparecer noticias sobre el caso. Estos hechos han generando un clima de incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial.
Sin embargo, es necesario deslindar la crítica legítima de la confusión deliberada promovida por ciertos políticos de centro, de derecha y medios de comunicación. Por ejemplo, se ha intentado establecer un paralelismo entre la elección del actual Fiscal y la situación política del país en 2019, durante la era de Uribe, pero tal comparación carece de sustento cuando se analiza el contexto y las personas involucradas en el proceso.
La manifestación programada para el día de hoy, con el propósito de concluir en el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y la mayoría de las principales ciudades, se vio empañada por preocupaciones de seguridad planteadas por el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien advirtió sobre el riesgo para la vida e integridad física de los presentes en la sede judicial. Estas precauciones fueron distorsionadas por la derecha mediática, que intentó interpretar los hechos de manera sensacionalista, insinuando que los magistrados fueron «liberados» como si hubieran estado secuestrados.
Ante estas acusaciones infundadas, el presidente Petro ha salido al paso desmintiendo rotundamente tales afirmaciones. Aseguró que el general director de la policía, William René Salamanca Ramírez ingresó al palacio de justicia sin impedimentos y que se garantizó la libre movilidad de los magistrados. Es fundamental desenmascarar estas narrativas tendenciosas que buscan tergiversar la legítima expresión ciudadana. Y concluyó el presidente Petro en su trino: “Lo legítimo es expresarse por la decencia, lo ilegítimo es silenciarse”.
En tiempos de polarización política y desinformación, es imperativo que la sociedad y los medios de comunicación ejerzan un periodismo responsable, basado en la veracidad y el respeto por los principios democráticos. La libre expresión debe ser protegida y promovida, pero siempre dentro del marco del respeto a la ley y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En este sentido, el debate público debe ser enriquecido por argumentos sólidos y honestos, rechazando la manipulación y la difamación como herramientas políticas.
